Es un fideicomiso público del Estado Mexicano, administrado por el Banco de México como Fiduciario, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como Fideicomitente. No es entidad de la administración pública federal y se sujeta a las disposiciones que rigen al propio Banco de México para la realización de la encomienda fiduciaria. Para el ejercicio de sus funciones, el Fondo está supervisado por su Comité Técnico.